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Doctorado

Trabajos de doctores y doctorandos en Derecho

TRABAJO ACADEMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA SEGURIDAD SOCIAL

  • Escrito por Mtro. José Alfredo Gutiérrez Mata
  • Categoría: Doctorado
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TRABAJO ACADEMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 

Mtro. José Alfredo Gutiérrez Mata

 

Doctorando en el programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad del Distrito Federal, S.C.

 

TRABAJO ACADEMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

 

No obstante que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el respeto a los derechos humanos y sus garantías, en nuestro país no está plenamente garantizado ese derecho en cuanto a la seguridad social de los trabajadores docentes de las universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior.

 

OBJETIVOS:

 

General:

 

Investigar los antecedentes de la seguridad social en México para conocer su evolución, sus alcances y su composición en la actualidad, así como el grado de protección y su efectividad en la clase trabajadora.

 

Específico:

 

Determinar si el personal académico de las universidades e instituciones de educación superior del país gozan ese derecho humano.

 

HIPÓTESIS

 

La legislación laboral en México no garantiza el respeto al derecho humano a la seguridad social de los trabajadores académicos de las universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior, por lo que se requiere reformar el artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo, para que se establezca que a falta de disposición expresa en sus leyes orgánicas o acuerdos que celebren con las instituciones de seguridad social, se estará a lo que al respecto dispone esa ley, sin importar el tipo de contratación a que se encuentren sujetos. 

 

MARCO HISTÓRICO

 

La seguridad social en México es y ha sido una preocupación histórica de los luchadores sociales y en cierta medida de la clase gobernante desde la época prehispánica, básicamente en lo que tiene que ver con la salud, pues desde entonces se han venido creando centros de atención gratuitos para enfermos.

 

El tratadista José Días Limón[1] menciona que Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, noveno señor mexica, protegía primordialmente a sus guerreros a fin de que recibieran atención médica en establecimientos destinados para ese efecto a manera de hospitales, donde igualmente se atendía a los enfermos del pueblo, y además dispuso que se atendiera a todos los ancianos e impedidos que habían brindado sus servicios a la triple alianza. Estos establecimientos se sostenían con los sobrantes de las cosechas que se destinaban al culto de sus dioses.

 

Sigue señalando el autor que en la época de la colonia, se dispuso la protección y asistencia a las clases desposeídas, en instituciones hospitalarias, cofradías y montepíos, y más aún: desde la conquista el capitán Hernán Cortés fundó en 1521 el Hospital Tlaxpana, que funcionó muy pocos años, pero después vino una lista numerosa de hospitales en todo el territorio conquistado y en la capital, como el Hospital de Jesús que funciona hasta la fecha; y en el año 1529, Fray Pedro de Gante fundó en la Ciudad de México el Hospital Real de los naturales, destinado exclusivamente a atender a los indígenas.

 

Asimismo, menciona el autor que en el México independiente, concretamente en el año de 1841, se intensificaron los aspectos de seguridad social, creándose el Consejo de Salubridad para fomentar los estudios de higiene, vigilar los establecimientos públicos y dictar a las autoridades medidas de higiene pública, así como para elaborar el Código Sanitario de la República Mexicana. Veinte años después, en el año de 1861, el Presidente Benito Juárez decretó la creación de la Dirección General de Beneficencia, para centralizar los servicios hospitalarios y para organizar, coordinar y sostener las instituciones de beneficencia pública, convirtiendo así esta seguridad social en un servicio público a cargo del Estado. Incluso, en el segundo imperio se crearon nuevas instituciones de beneficencia, entre ellas  un instituto gratuito para sordomudos y uno de maternidad.

 

Sin embargo, los primeros intentos de regular la seguridad social en nuestro país los encontramos, según el maestro emérito Ignacio Burgoa Orihuela (1977)[2], en algunos casos aislados como el del Gobernador del Estado de México Vicente Villada, quien en el año de 1904 hizo responsable al patrón por los accidentes de trabajo, aunque fijando una indemnización muy reducida. El General Bernardo Reyes, Gobernador de Nuevo León, expidió por su parte en 1906, la Ley sobre Accidentes de Trabajo, que estuvo vigente hasta el año de 1931, estableciendo una diferencia entre accidentes y enfermedades de trabajo, pues conceptualizó los primeros como violentos, súbitos y de realización momentánea, mientras que las segundas como permanentes, con un tiempo más o menos prolongado para su gestación y desarrollo.

 

Sigue mencionando el maestro Burgoa que Cándido Aguilar, en el año de 1914 promulgó la primera Ley del Trabajo, separada de la justicia civil, consignando entre otras cosas un capítulo de previsión social, en el que se obliga a los patrones a indemnizar a los trabajadores por accidentes de trabajo, así como a sostener escuelas en beneficio de los trabajadores.    

 

A continuación se presenta un cuadro con las leyes locales citadas por los diversos tratadistas de la materia.

 

Leyes locales en materia del trabajo

 

AÑO

LEY

ASPECTOS PRINCIPALES

1904

Ley de Accidentes de Trabajo de José Villada. (Edo. de México)

Establece la responsabilidad civil de los patrones en los accidentes de trabajo.

1906

Ley de Accidentes de Trabajo de Bernardo Reyes. (Estado de Nuevo León)

Establece la responsabilidad civil de los patrones cuando el accidente se produzca en ocasión del trabajo, y que la reparación del daño debe cargarse al patrón.

1914

Ley del Trabajo de Cándido Aguilar (Estado de Veracruz)

Establece la asistencia médica a los obreros enfermos, así como los medios de subsistencia y curación cuando el obrero haya sufrido un accidente.

1915

Ley del Trabajo de Salvador Alvarado                      (Estado de Yucatán)

Establece medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo, y que los talleres deben contar con ventilación, iluminación e instalaciones sanitarias, así como normas de seguridad para el uso de elevadores, maquinaria peligrosa y calderas de vapor.

1915

Ley sobre Accidentes de Trabajo de Nicolás Flores

(Estado de Hidalgo)

Establece que los patrones podrán sustraerse a la responsabilidad por los accidentes de trabajo, asegurando a sus trabajadores en alguna compañía aseguradora.

1916

Ley del Trabajo de Gustavo Espinoza Mireles

(Estado de Coahuila)

Establece que el trabajo debe realizarse en las condiciones más perfectas posibles de higiene y seguridad, y que el patrón tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos o materiales de trabajo. Asimismo, se establece la responsabilidad civil del patrón para accidentes con motivo del ejercicio de la profesión, misma que comprende el pago de asistencia médica y farmacéutica, así como el pago del salario íntegro del obrero por seis meses, pudiendo incluso otorgarse una incapacidad temporal o permanente.

 

Es así como en el año de 1914 se promulgó la primera Ley del Trabajo separada de la legislación civil (Ley del Trabajo de Cándido Aguilar), consignando entre otras cosas un capítulo de previsión social, en el que se obliga a los patrones a indemnizar a los trabajadores por accidentes de trabajo, y a sostener escuelas en beneficio de los trabajadores.

 

A finales del año 1925, nos menciona  José Díaz Limón[3], se presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,  proponiéndose además la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales, de administración tripartita pero cuya integración económica habría de corresponder exclusivamente al sector patronal.; y definía con precisión la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de Seguro Obrero suscitó la inconformidad de los patrones que no estaban de acuerdo en ser los únicos contribuyentes a su sostenimiento y consideraron que también otros sectores deberían aportar.

 

Posteriormente, en el año 1929 se declaró de utilidad pública expedir la Ley del Seguro Social, pero ésta surge hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero 1943, luego, el 12 de marzo de 1973 se publica una nueva y, finalmente, el  21 de diciembre de 1995 se publica la actual Ley del Seguro Social. 

 

En lo que hace a los trabajadores al servicio del Estado, que en realidad tiene  la categoría de servidores públicos y no de trabajadores, sus necesidades de seguridad social se satisface a través del  “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” (ISSSTE), que tiene su antecedente inmediato en la antigua Dirección de Pensiones, cuyo decreto de creación data del 12 de agosto de 1925, expedido por el entonces Presidente de la República General Plutarco Elías Calles, que se rigió por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1938.

 

Posteriormente, el 28 de diciembre de 1959 se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el Presidente de la República en turno Licenciado Adolfo López Mateos, la cual  entró en vigor el 1 de enero de 1960. El 16 de diciembre de 1983 se expidió una nueva ley por el entonces Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 siguiente. Y, finalmente, en órgano informativo oficial en mención, de fecha 31 de marzo de 2007, el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa expidió la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

Por otra parte, la protección y seguridad social de los miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea, así como a sus familiares, se brinda a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), que se rige por su ley específica.

 

El sistema de seguridad social es mucho muy amplio, pues constituye un conjunto de actividades que realiza el sector público en torno al bienestar de los individuos de la sociedad, tales como: un sistema de pensiones, sistema de ahorro para el retiro, seguro contra el desempleo, prevención y atención a accidentes de trabajo; salud de la población asegurada y salud pública de la población no asegurada, vacunación y atención a epidemias y enfermedades endémicas; combate a la pobreza, agua potable, alcantarillado, letrinas, cultura, deportes y esparcimiento; educación básica, secundaria y técnica y alfabetización; vivienda popular para derechohabientes y no derechohabientes, etc.

 

“Si partimos de la simple premisa de que la Seguridad Social es "Un instrumento de  estado que ofrece en la medida de sus posibilidades económicas, resolver la problemática emergente de la población en materia de salud, trabajo, educación, vivienda y bienestar social en general", difícilmente vamos a encontrar aspectos relacionados con este tema, anteriores al movimiento social de 1910, pero si arropamos el concepto con las anotaciones de algunos historiadores, podemos encontrar referencias pretéritas que resultan interesantes”  (Limón)[4].

 

 “Al concluir la primera Guerra Mundial, con diferentesmatices y en distintos tiempos, en su gran mayoría los paísesadoptaron la solución alemana de fines del siglo XIX, en laépoca de Bismarck, de establecer sistemas de SeguridadSocial en un intento por aliviar los problemas de desvalimiento.-Sobre todo porque, en el pacto de la sociedad de lasnaciones se insertaron principios de solidaridad social,establecidos en la Constitución de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT) creada por el tratado de Versalles. Loque originó que la exportación del Sistema Alemán de Seguros Obligatorios a otros ordenamientos, fuera casi inmediata. En pocos años se expande por todo el mundo.-Pero no todas las legislaciones fueron iguales. En los países industrializados se adoptaron sistemas diferentes delAlemán; en el Reino Unido con el Plan Beveridge, en el queal lado de los Seguros Sociales se abre un Servicio Nacionalde Salud, las ayudas familiares y en un conjunto de seguros” (Limón).[5]

 

A nivel internacional tenemos que la Organización Internacional del Trabajo aprobó con fecha 28 de junio de 1952 el Convenio 102, referente a las normas mínimas de seguridad social, estableciendo un nivel mínimo de seguridad social para los Estados miembros en función de su grado de desarrollo económico y social; normas mínimas tiene que ver con la asistencia médica y prestaciones económicas por enfermedad, desempleo, vejez, accidente de trabajo y enfermedad profesional, maternidad e invalidez.

 

En nuestro ámbito interno, como culminación de los postulados del Plan de Ayutla, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 consagra los derechos del hombre en un esquema liberal, en esa ocasión de corte individualista para en su evolución dar paso a lo que después serían las garantías individuales y sociales de la Constitución de 1917. Así, a partir de la época postrevolucionaria, en el Estado Mexicano encontramos el 123 Constitucional, que en su fracción XIX reformada en 1929, se previó la necesidad de crear el Seguro Social, siguiendo las tradicionales coberturas de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y en su proceso evolutivo en diciembre de 1942 se materializó la previsión social.

 

En la actualidad la integración del sistema de seguridad social se efectúa en términos de tres sectores importantes: seguridad social de los trabajadores en general, de los servidores públicos y de la población no sujeta a una relación de trabajo.

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción XI, establece lo siguiente:

 

“XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

 

Por su parte, los riesgos de trabajo se encuentra consagrados en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, constituido por los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Por su parte, las enfermedades de trabajo son todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Los riesgos o enfermedades de trabajo pueden producir las consecuencias siguientes:

 

  • Incapacidad temporal, consistente en la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
  • Incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar.
  • Incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
  • La muerte.

 

México, por mandato constitucional ha adoptado la seguridad social como parte fundamental de las obligaciones del Estado, pues ésta va asociada o íntimamente relacionada con la relación laboral. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley”.

 

El referido artículo 123 de la Carta Magna se divide en dos importantes apartados, el A y el B, el primero para regular las relaciones laborales entre los trabajadores en general con los patrones en el ámbito privado, en tanto que  el apartado B regula las relaciones de laborales de los servidores públicos y el Estado. 

 

Así, la fracción XXIX del apartado A de dicho precepto constitucional, establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, mientras que la fracción XI del apartado B nos dice que entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

 

  1. a.            “Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
  2. b.            En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
  3. c.            Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo.
  4. d.            Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
  5. e.            Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enterados al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

 

 

Derechos y Obligaciones que se adquieren con motivo de la Seguridad Social

 

Los derechos están consagrados en la Ley del Seguro Social, que establece: “Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. “Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de las entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos públicos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia”.

En otro contexto de seguridad social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en su artículo 3° establece que el Instituto tiene por objeto:

 

I.     Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;

II.    Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los  

       trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

a)      La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,

b)      La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones;

III.   El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

IV.  Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones

       destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores

V.   Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo

      123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal  

      del Trabajo, así como lo que esta ley establece.

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su artículo 2º establece que la seguridad social de los trabajadores comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario, en tanto que el artículo 3° dispone que se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:

 

I. De salud, que comprende:

a) Atención médica preventiva;

b) Atención médica curativa y de maternidad, y

c) Rehabilitación física y mental;

II. De riesgos del trabajo;

III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

IV. De invalidez y vida.

 

El artículo 4º de la citada ley burocrática establece con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;

II. Préstamos personales:

a) Ordinarios;

b) Especiales;

c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y

d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales;

III. Servicios sociales, consistentes en:

a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar;

b) Servicios turísticos;

c) Servicios funerarios, y

d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;

IV. Servicios culturales, consistentes en:

a) Programas culturales;

b) Programas educativos y de capacitación;

c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y

d) Programas de fomento deportivo.

 

Finalmente, tenemos que la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, crea el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, de interés social y personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El artículo 2 de dicho cuerpo normativo dispone que el Instituto tendrá como objeto promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.

 

Asimismo, el Instituto deberá actuar bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Además, deberá ajustar su operación a las mejores prácticas de buen gobierno y mejora continua, quedando sujeto, entre otras, a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

 

Conforme a los sistemas de seguridad social existentes en México, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, tendrán derecho a:

 

  • Asistencia médica y quirúrgica.
  • Rehabilitación.
  • Hospitalización, cuando el caso lo requiera.
  • Medicamentos y material de curación.
  • Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.
  • La indemnización que señale la ley.

 

El patrón queda exceptuado del pago de las indemnizaciones sólo si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez o si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico, así como si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona o si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. No obstante lo anterior, en estos cinco casos el patrón queda obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico.

 

 

Alcances de los beneficios de la Seguridad Social Personales y Extrapersonales (beneficiarios)

 

Son personas sujetas al régimen de seguridad social y por ende a los beneficios del mismo, las siguientes:

 

  • Trabajadores que presten sus servicios de forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, las que otorguen un servicio que sea remunerado, personal y subordinado, sin importar el acto que le dé origen.
  • Socios de las sociedades cooperativas.
  • Otras personas que determine el Ejecutivo Federal mediante decreto.

 

El régimen voluntario es la opción abierta a todos los sectores de la sociedad que tuvieran algún interés a participar en el sistema de seguridad social, aunque se trate de personas son aseguradas por no tener relaciones obreros patronales, como los trabajadores domésticos, trabajadores del campo, artesanos, trabajadores independientes, etc.

 

Asimismo, los familiares directos y cercanos de los derechohabientes tanto del Seguro Social como de los demás institutos de seguridad social, tienen derecho a servicios médicos y hospitalarios, así como al seguro de pensiones.

 

 

Seguridad Social y los Trabajadores Independientes

 

El trabajador independiente o autónomo, es  la persona que desarrolla un trabajo sin relación de dependencia respecto a un tercero y sin contrato laboral. Como retribución por su trabajo los trabajadores independientes reciben honorarios, pagos, rentas gratificaciones, etc., pero no remuneraciones o sueldos por su fuerza de trabajo.

 

La seguridad social comprende además del servicio médico, indemnizaciones por accidentes de trabajo, etc., pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Lo anterior implica que su alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y demás instituciones análogas,  trae consigo el gozo de todos los beneficios que esta institución ofrece a sus beneficiarios, pudiendo hacerlo extensivo a sus dependientes económicos. En efecto, los beneficios individuales de dicha afiliación son:

 

  • Servicio Médico, hospitalario y de medicamentos.
  • Pago de incapacidades.
  • Pago de pensiones, por cesantía, edad avanzada o vejez.
  • Crédito con Infonavit.
  • Crédito con Fonacot.
  • Asesorías en materia de Seguridad Social.
  • Acceso a centros recreativos y de desarrollo social.
  • Apoyo para bodas.
  • Guarderías.
  • Apoyo funerario y de cremación.
  • Jubilación.
  • Recuperación y asimilación de puntos y semanas cotizados en años

          anteriores.

  • Beneficios familiares.

 

En conclusión, como resultado de los antecedentes históricos vertidos con antelación, advertimos que la seguridad social va de la mano de las relaciones laborales, pues sus orígenes se remontan a la necesidad de establecer ésta como una prestación inherente al derecho del trabajo, como si se tratara de un binomio inseparable, sobre todo en lo que se refiere a riesgos de trabajo y servicio médico y de hospitalización para los trabajadores, sin embargo, en la actualidad la seguridad social es una realidad incluso ante la ausencia de una relación laboral patrón-trabajador, con un salario de por medio, pero que la persona pueda considerarse como trabajador independiente.

 

En el concepto genérico de seguridad social convergen el trabajador como sujeto beneficiario de la misma producto de las prestaciones inherentes a la relación laboral, el patrón como sujeto obligado a garantizar esa prestación al trabajador mediante la aportación de cuotas, y en un tercer término tenemos una o varias instituciones públicas encargadas de brindar la asistencia de seguridad social requerida a derechohabientes, mediante cuotas aportadas por el patrón en ocasiones en coparticipación con el trabajador, tal como servicios de salud, de vivienda, de educación, pensiones, jubilaciones, indemnizaciones, ahorros, etc.   

 

Desde tiempos prehispánicos hasta finales del siglo XIX, la seguridad social se brindó respecto de algunos aspectos de manera ajena al ámbito laboral y corrió por cuenta del Estado ―servicios médicos y de hospitalización a heridos de guerra y pobladores pobres, albergues a indigentes, atención a discapacitados, etc.―. Sin embargo, cuando se empezaron a normar las primeras cuestiones de seguridad social en el campo de riesgos de trabajo y servicios médicos,  éstas estuvieron íntimamente ligadas a una relación laboral estableciéndose como una obligación del patrón.

 

Así, a finales del siglo XIX y principios del XX, algunos Gobiernos Locales legislaron para garantizar a la clase trabajadora diversas prestaciones incluidas algunas de seguridad social, lo cual se eleva al rango constitucional al establecerse como una garantía social de la clase trabajadora por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Por lo anterior, después de la Federalización del Derecho del Trabajo, surgen en México diversas instituciones públicas encargadas de brindar a la población trabajadora del país los servicios de seguridad social de distinta índole- IMSS, ISSSTE, ISSFAM, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAR, AFORE, etc.―, así como instituciones similares en los Estados y en el Distrito Federal.

 

Pero como se mencionó con antelación, la evolución de la seguridad social en nuestro país ha permitido que hoy en día, los trabajadores independientes no sujetos a una relación laboral trabajador-patrón, puedan también gozar de los servicios de seguridad social en su integridad, pues la gran mayoría de la población económicamente activa del país, no tiene una relación laboral con un patrón y por ende, no goza se seguridad social ante su ignorancia respecto de la posibilidad de poder obtener esos beneficios, amén de las resistencias de las instituciones a salirse del estándar de afiliación mediante la relación patrón-trabajador, aún cuando ello sea posible conforme a la ley.

 

Para lograr una mayor cobertura de trabajadores independientes con servicios de seguridad social garantizados mediante una afiliación  como tales, resulta muy importante el apoyo que puedan brindar los servicios jurídicos y de asesoría profesionales de asociaciones u organizaciones conocedoras de la materia, con alta calidad y conocimiento pleno de los alcances del derecho de afiliación que asiste a todo trabajador, aún los independientes.   

 

 

MARCO JURÍDICO

 

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana (UNAM, 2008)[6], las Instituciones de Seguridad Social son organismos que forman parte del sistema encaminado a la protección de la clase trabajadora, de sus familias y de la comunidad misma, contra los riesgos derivados del trabajo y de la existencia en general (riesgos vitales).

 

Sigue señalando la enciclopedia que la seguridad social, en ese avance de solidaridad colectiva, comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejorar la condición humana (asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, deportivos, etc.). “En la antigüedad, la caridad era un mecanismo de incipientes alcances, para protegerse de los riesgos. La colonización española trajo a los dominios ultramarinos algunas instituciones protectoras e la salud y del salario: las mutualidades, cajas de ahorro, etc.”.

 

También se señala que en el ámbito internacional, hacia 1940, Wuilliam Beveridge lanzó su famoso plan básico de de Seguridad Social, pero desde 1883 Bismark, Canciller de Hierro,  ya había establecido en Alemania un seguro de enfermedades y accidentes de trabajo, además de que el Tratado de Versalles también se ocupó de esa materia ―de dicho Tratado surgió la Organización Internacional del Trabajo (OIT)―, al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el 10 de diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se preocupa por los mínimos indispensables para que las personas gocen de prestaciones de carácter económico, social y cultural.

 

“Al concluir la primera Guerra Mundial, con diferentes matices y en distintos tiempos, en su gran mayoría los países adoptaron la solución alemana de fines del siglo XIX, en la época de Bismarck, de establecer sistemas de Seguridad Social en un intento por aliviar los problemas de desvalimiento.-Sobre todo porque, en el pacto de la sociedad de las naciones se insertaron principios de solidaridad social, establecidos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada por el tratado de Versalles. Lo que originó que la exportación del Sistema Alemán de Seguros Obligatorios a otros ordenamientos, fuera casi inmediata. En pocos años se expande por todo el mundo.- Pero no todas las legislaciones fueron iguales. En los países industrializados se adoptaron sistemas diferentes del Alemán; en el Reino Unido con el Plan Beveridge, en el que al lado de los Seguros Sociales se abre un Servicio Nacional de Salud, las ayudas familiares y en un conjunto de seguros” (Limón)[7].

 

En efecto, en el ámbito internacional tenemos el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone las condiciones mínimas de seguridad social a que se comprometen los estados firmantes, en tanto que en el ámbito interno tenemos el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo,  Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas de México, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, además de los organismos de seguridad social de carácter local.

 

Como ya se dijo con antelación, en la actualidad el artículo 123 de la Carta Magna se divide en dos importantes apartados, el A y el B. El primero regula las relaciones laborales entre los trabajadores en general con los patrones en el ámbito privado, en tanto que el apartado B regula las relaciones de laborales de los servidores públicos y el Estado, incluyendo este último lo relativo  ejército, fuerza aérea y armada de México. 

 

Por ende, en lo que hace a la seguridad social, el referido precepto Constitucional se encuentra reglamentado por la Ley del Seguro Social, la Ley de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas de México y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

 

En este contexto, es importante precisar que la seguridad social consiste en brindar protección a la sociedad para recuperar o compensar al trabajador evitando la pérdida o disminución de su ingreso salarial, por circunstancias naturales o fortuitas de enfermedad, maternidad, accidente o enfermedad de trabajo, desempleo, invalidez, vejez, y muerte, tanto del trabajador derechohabiente como de sus familiares dependientes económicos.

 

A este respecto, el artículo 3° de la Ley del Seguro Social señala que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados. Por tanto, para el caso de los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 Constitucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), viene a constituir la institución de seguridad social más importante en nuestro país por su volumen de atención.

 

La base constitucional del seguro social en México se encuentra consagrada, como ya dijimos, en el artículo 123 de la Constitución General de la República, que declara como de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, vida, cesación involuntaria en el trabajo, accidentes y otros con fines similares.

 

En otro orden de cosas, la fracción XI del apartado B del artículo 123 Constitucional nos dice que entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que en el propio precepto se mencionan y que son:

 

“Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

 

En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

 

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo.

Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

 

Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enterados al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

 

Para efectos de lo anterior, se crea el “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” (ISSSTE), que tiene su antecedente inmediato en la antigua Dirección de Pensiones que data del 12 de agosto de 1925, por decreto expedido por el entonces Presidente Plutarco Elías Calles.

 

Su regulación original la encontramos en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1938, y posteriormente en la Ley Federal del ISSSTE expedida el 28 de diciembre de 1959, por el entonces Presidente Adolfo López Mateos, misma que entró en vigor el 1 de enero de 1960.

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que de conformidad con el artículo 103 de la Ley específica de dicho instituto. Como toda Entidad Regulada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el ISSSTE cuenta con un Órgano de Gobierno, cuyos integrantes son los siguientes: 1) Junta Directiva; 2) Dirección General; 3) Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. La Junta Directiva es el máximo órgano de Gobierno y está integrada, según lo señala el artículo 104 de la propia Ley del ISSSTE, por tres representantes del Gobierno nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tres designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; y uno más que designa directamente el Presidente de la República con el cargo expreso de Director General del Instituto, que a su vez funge como Presidente de la Junta Directiva.

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), como ya se dijo, brinda sus servicios de seguridad social a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabiente de los empleados al servicio del Estado, es decir, a todos los trabajadores que prestan sus servicios en el gobierno federal, excepto a los trabajadores del ejército, marina y fuerza aérea, que cuentan con su propio Instituto de Seguridad Social.

 

El Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), está destinada a proteger y procurar el bienestar de los miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea de México, y sus familiares. Su existencia tiene también sustento Constitucional,  pues el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XIII, párrafo cuarto, del apartado B, nos dice: “El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones”.

 

Los servicios de seguridad social que brinda el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), se rigen por la Ley específica del Instituto, y los mismos son similares a los que brindan los otros institutos de seguridad social que ya abordamos en este estudio. De acuerdo al artículo 2° de la Ley del  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, las funciones de éste son:

 

“I. Otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente Ley le encomienda;

II. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente Ley;

III. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos;

IV. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para:

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio;

b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.

V. Coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada;

VI. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos;

VII. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta Ley;

VIII. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio;

IX. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;

X. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna;

XI. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, y

XII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos”.

           

Como en las entidades Federativas y en el Distrito Federal también existen necesidades de seguridad social a nivel local, para los trabajadores regidos por el apartado B del artículo 123 Constitucional pero que brindan sus servicios a las Dependencias y Entidades Estatales o Municipales, en cada uno de ellos existen instituciones similares a las de la Federación, regidas por sus propias leyes locales para regular los diversos aspectos de la seguridad social, consistentes en sistemas de pensiones, de ahorro para el retiro, seguro contra el desempleo, prevención y atención a accidentes de trabajo; salud de la población asegurada y salud pública de la población no asegurada, vacunación y atención a epidemias y enfermedades endémicas; combate a la pobreza, agua potable, alcantarillado, letrinas, cultura, deportes y esparcimiento; educación básica, secundaria y técnica y alfabetización;  vivienda popular para derechohabientes, etc.

 

Así, en cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal existen instituciones de salud, vivienda, etc., regidas por sus propias leyes específicas. Por citar sólo algunos ejemplos, tenemos los siguientes:

 

En el Estado de Nuevo León existen: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, cuyas siglas son ISSSTELEON y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, ambos regidos por sus propias leyes específicas.

 

En el Estado de Durango se cuenta con la Dirección de Pensiones del Estado de Durango y con el Instituto de Seguridad y la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango ― antes Instituto de la Vivienda del Estado de Durango (IVED)―, ambos regidos por sus propias leyes específicas.

 

En lo que hace al objetivo del presente trabajo, tenemos que la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, está previsto en el capítulo XVII, artículo 353 letras de la J a la U, de dicha ley, en los siguientes términos:

 

“Artículo 353-J.- Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones.

 

Artículo 353-K.- Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones.

 

Artículo 353-L.- Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos.

 

Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan

 

Artículo 353-M.- El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase.

Artículo 353-N.- No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.

 

Artículo 353-Ñ.- Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y serán:

I. De personal académico;

II. De personal administrativo, o

III. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores.

 

Artículo 353-O.- Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, según sea federal o local la ley que creó a la universidad o institución de que se trate.

 

Artículo 353-P.- Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el Artículo 388. Para tal efecto el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial.

 

Artículo 353-Q.- En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los trabajadores académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se convenga expresamente.

 

En ningún caso estos contratos podrán establecer para el personal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el Artículo 395.

 

Artículo 353-R.- En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo.

 

Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso.

 

Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda.

 

Artículo 353-T.- Para los efectos del artículo anterior, la autoridad competente expedirá la convocatoria respectiva, estableciendo en ella que cada universidad o institución nombrará su representante, y que deberán celebrarse sendas convenciones para la elección de representantes de los correspondientes trabajadores académicos o administrativos.

 

Artículo 353-U.- Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”.

 

Par tanto, la legislación del trabajo deja en manos de las propias universidades e institutos de educación superior tanto las relaciones laborales de sus trabajadores incluyendo al personal académico.

 

En la práctica se observa que el trabajo y la seguridad social en las universidades se regula por sus leyes orgánicas si se trata  universidades autónomas y por los contratos colectivos de trabajo, pero lo relativo al personal académico está sujeto a las variantes de su tipo de contratación, de tal suerte que los docentes que brindan sus servicios por horas clase, que son la gran mayoría, no tienen garantizada su seguridad social, sucediendo o mismo con los docentes que prestan sus servicios en instituciones privadas, pues sus relaciones profesionales con dichas instituciones son más bien de carácter civil, no laboral, lo que hace nugatorio su derecho a la seguridad social.

 

Para ejemplificar lo anterior, basta citar los criterios del máximo tribunal de la nación en las tesis aisladas siguientes:

 

“Época: Décima Época.- Registro: 2007940.- Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I.- Materia(s): Laboral.- Tesis: 2a. CX/2014 (10a.).- Página: 1193

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO. De los artículos 75, 77 y 106 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y de las cláusulas 13 y 14 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se advierte que el concurso de oposición abierto constituye un proceso que consta de dos instancias, al estar previsto un recurso de revisión, mediante el cual se pretende garantizar la legalidad del procedimiento de selección. Así, el resultado del concurso de oposición abierto, a través del cual se determina al concursante ganador y que, por tanto, ingresa como profesor o investigador de carrera, se define mediante la resolución que adquiere firmeza, al concluir las dos fases del procedimiento administrativo, momento a partir del cual la autoridad administrativa debe ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento, pues la firmeza de la resolución es indispensable para su ejecución. En consecuencia, la estabilidad laboral se obtiene una vez que adquiera firmeza la resolución que determine ganador al participante del concurso de oposición abierto, es decir, hasta que se resuelve el recurso de revisión previsto en la normativa aplicable o precluya el plazo para interponerlo.

 

Amparo directo en revisión 2388/2013. Raúl Cándido Nieto García. Recurrente: Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.

 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación”.

 

“Época: Décima Época.- Registro: 2005364.- Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Libro 2, Enero de 2014, Tomo II.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 2a. I/2014 (10a.).- Página: 1598.

 

TRABAJADORES ACADÉMICOS. EL ARTÍCULO 353-L, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VULNERA EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN. El citado precepto, al disponer que para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan, no vulnera el derecho a la no discriminación reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la condicionante de presentar dicha evaluación, por lo regular mediante un concurso de oposición se dirige, sin distinción alguna, a toda persona que pretenda ingresar a la universidad como miembro de su personal académico por tiempo indeterminado.

 

Amparo directo en revisión 564/2013. Armando Ordaz Rodríguez. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández (con salvedad). Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.

 

Amparo directo en revisión 2656/2013. Mauricio Nava Munguía. 18 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos (con salvedad) y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación”.

 

 

III. DESARROLLO

 

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, El artículo 353-K de la Ley Federal del Trabajo, establece quetrabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones de educación superior autónomas por ley, y que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas.

 

Por su parte, el artículo 353-M, señala queel trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase.

 

Asimismo, el artículo 353-N, nos dice que no es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.

 

Finalmente, el artículo 353-U, dispone quelos trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

 

Al dejar la ley laboral en manos de las propias universidades autónomas las relaciones laborales y la seguridad social, prácticamente hace nugatorio el derecho a la seguridad social, pues algunas de las universidades abordan vagamente estos conceptos en sus leyes orgánicas y otras, al parecer la mayoría, no contemplan disposiciones de este tipo, como lo es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hace caso omiso de esa regulación en su ley orgánica, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, y aunque en el Estatuto General establece de manera genérica lo relativo a las relaciones laborales, nada dice en lo que respecta a la seguridad social del personal académico, lo que implica ignorar el tema de la seguridad social sobre todo del personal académico contratado por horas clase.

 

El artículo 28 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León se limita a señalar:

 

“Los aspectos de carácter laboral se rigen por lo estipulado en el Apartado A del Artículo 123 Constitucional; en la Ley Federal del Trabajo, especialmente por lo establecido en el capítulo XVII, referido a las relaciones laborales en las universidades públicas autónomas por ley; en sus leyes y reglamentos universitarios internos y en las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad y la organización sindical de los trabajadores de la Institución”.

 

En el caso particular de la Universidad Nacional Autónoma de México, los artículos 13 y 14 de su Ley Orgánica señalan: 

 

“Artículo 13.- Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y administrativo se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo.

 

Artículo 14.- Las designaciones definitivas de Profesores e Investigadores, deberán hacerse mediante oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad de los candidatos y se atenderá a la mayor brevedad posible, a la creación del cuerpo de profesores e investigadores de carrera. Para los nombramientos, no se establecerán limitaciones derivadas de posición ideológica de los candidatos, ni ésta será causa que motive la remoción”. 

 

Lo anterior, al no contemplar aspectos complementarios en la vida universitaria relativos a la seguridad social de los trabajadores académicos, desde luego que no representa fiel reflejo de lo expuesto en la exposición de motivos de la reforma constitucional que dio origen a la autonomía universitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1980, pues en dicha exposición de motivos se señala en lo que aquí interesa lo que a continuación se transcribe:

 

“En conformidad con esta nueva fracción del artículo 3o. constitucional, la autonomía y los derechos laborales deben ser aspectos complementarios en la vida de las comunidades universitarias. Entre ellos no debe haber oposición ni, tampoco, primacía de uno sobre otro. Y de ahí que disponga que en la Ley Federal del Trabajo se fijen, conforme a las características propias de un trabajo especial, los términos y modalidades con los que los derechos consagrados en la fracción "A" del artículo 123 de nuestra Ley Fundamental han de aplicarse al personal académico y al personal administrativo de las universidades e instituciones de referencia”. La creación de instituciones de seguridad social en México fue un reclamo histórico de la población, sobre todo de la clase trabajadora, razón por la cual tenemos antecedentes que se remontan hasta la época prehispánica en cuanto a servicios de salud, aunque no ligados a una relación laboral, sino a una necesidad de la población pobre y necesitada”.

 

 

 

CONCLUSIONES

 

 

1.- Podemos considerar que la seguridad social en México es una realidad desde tiempos prehispánicos, aunque en ese entonces, al igual que en tiempos de la colonia y aún de la primera etapa del México independiente, se limitó básicamente a servicios de saludo y hospitalización, brindados por el Estado al margen de una relación laboral.

 

2.- A finales del siglo XIX y principios del XX, se empiezan a regular en nuestro país las relaciones laborales y con ellas diversas prestaciones, muchas de ellas relacionadas con la seguridad social como riesgos de trabajo, cuestiones de salud ―servicios médicos y de hospitalización―,  luego de vivienda, pensiones, jubilaciones, etc.

 

3.- A pesar de que las instituciones encargadas de la seguridad social tienden a afiliar sólo a trabajadores que guardan una relación laboral formal, donde existe un patrón encargado de aportar las cuotas de esas prestaciones a las instituciones correspondientes, en la actualidad también  es jurídicamente factible la afiliación de trabajadores independientes, quienes podrán gozar de esos servicios de manera integral. Sin embargo, para ello hay que vencer resistencias de las instituciones responsables de brindar tales servicios.

 

4.- En lo que hace al trabajo del personal académico de las universidades e instituciones de educación superior en México, al dejar la ley laboral en manos de las propias universidades autónomas las relaciones laborales y la seguridad social, prácticamente hace nugatorio el derecho a la seguridad social, pues algunas de las universidades abordan vagamente estos conceptos en sus leyes orgánicas y otras, al parecer la mayoría, no contemplan disposiciones de este tipo.

 

5.- En virtud de que la legislación laboral en México no garantiza el respeto al derecho humano a la seguridad social de los trabajadores académicos de las universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior, se requiere reformar el artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo, para que se establezca que a falta de disposición expresa en sus leyes orgánicas o acuerdos que celebren con las instituciones de seguridad social, se estará a lo que al respecto dispone esa ley, sin importar el tipo de contratación a que se encuentren sujetos, es decir, incluir en esa prestación social a los trabajadores académicos que se contratan bajo el régimen de horas clase. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN

 

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Valencia, M. Á. Z. y., 1989. Contratos Civiles. Tercera ed. México(Distrito Federal): Porrúa, S.A..

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal del Trabajo

Ley del Seguro Social

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Ley del Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas de México

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango

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[2] Burgoa, I. (1977). Las Garantías Individuales (Décima edición ed.). México, Distrito Federal, México: Editorial Porrúa, S.A., p. 254.

[3] Limón, J. D. (s.f.). Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado el 01 de 04 de 2014, de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf, p. 53.

[4] Limón, J. D. (s.f.). Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado el 01 de 04 de 2014, de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf, p. 40.

[5] Limón, J. D. (s.f.). Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado el 01 de 04 de 2014, de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf, p. 50.

[6] UNAM, I. d. (2008). Enciclopedia Jurídica Mexicana (Edición especial ed., Vol. Tomo II). México, Distrito Federal, Méxicoi: Editorial Porrúa, S.A. de C.V., tomo IV, p. 580-581.

[7] Limón, J. D. (s.f.). Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recuperado el 01 de 04 de 2014, de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf, p. 50.