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EL AUMENTO A LA TARIFA EN EL STC “METRO” Y LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL D.F.

Opinión:

EL AUMENTO A LA TARIFA EN EL STC “METRO” Y LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL D.F.

 Por: Raymundo Damián Montoya Badillo*

 

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, por lo que para los gobernados no existe algún medio de defensa contra la actual pluralidad de reformas, únicamente procede el Juicio de Amparo si contravienen el principio tributario de equidad e igualdad que contempla el artículo 31, fracción IV, de la carta magna.

 

Se prevé para diciembre del presente año el aumento a la tarifa del boleto del “Metro”; los razonamientos de la autoridad versan principalmente sobre la mejora del servicio. Debido a esto, gran parte de la sociedad se ha visto afectada, principalmente por las reformas en materia hacendaria.

 

La naturaleza jurídica del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” la determina la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en el artículo 20, fracción I, como un “organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto de creación, el cual forma parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; la Red Pública de Transporte de Pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este sistema”.

 

De igual forma las tarifas del Transporte Público de Pasajeros se encuentran en el artículo 78 del mismo ordenamiento, donde se faculta al Jefe de Gobierno del D.F. para determinar las tarifas, con antelación a una propuesta de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal.

 

Por su parte, el artículo 79, establece que: “Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el servicio público de transporte, la Secretaría deberá considerar el tipo de servicio, el salario mínimo, el precio unitario del energético de que se trate, el precio de gobierno de las unidades, el índice nacional de precios al consumidor y en general todos los costos directos o indirectos que incidan en la prestación del servicio y en su caso, la aprobación que haga el órgano de Gobierno de las entidades paraestatales que presten el citado servicio.”

 

Grupos minoritarios se han manifestado, e incluso, han formado movimientos para oponerse a las reformas que afectan de manera directa o indirecta su economía. La intención principal es burlar a la autoridad saltando los torniquetes sin pagar la tarifa correspondiente del boleto.

 

El fundamento legal para sancionar esta conducta -de acuerdo con la autoridad- se encuentra en el artículo 26, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica para el D.F., considerándose como infracción contra el entorno urbano de la Ciudad de México: “Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos”.

 

De acuerdo a la literalidad del precepto, no necesariamente brincarse los torniquetes corresponde a encuadrar esta conducta a la fracción en mención. Ya que dentro de las oficinas o instalaciones del servicio público de cualquier poder o nivel de gobierno, existen áreas donde por su naturaleza únicamente personal interno puede ingresar, es decir, zonas con señalamientos expresos de restricción a personal ajeno.

 

Si bien se está incurriendo en un daño al servicio público al no pagar la tarifa correspondiente, la fundamentación resulta inconsistente e incluso de aplicación análoga por parte de la autoridad.<

 

*Alumno de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.