Menu

A+ A A-

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales del Procedimiento de Apostilla de Documentos y Legalización de Firmas

DOF: 15/10/2013

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales del Procedimiento de Apostilla de Documentos y Legalización de Firmas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 11, fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y

CONSIDERANDO

Que con el fin de que diversos documentos surtan efectos jurídicos en el extranjero, se requiere que sea legalizada la firma de los funcionarios que los suscriben, o bien adherida la apostilla por parte de las autoridades mexicanas;

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 11, fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, corresponde a dicha dependencia, a través de la Unidad de Gobierno, llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales y de los Gobernadores de los Estados y legalizar las firmas de los mismos, así como operar el citado registro y el de apostilla de documentos;

Que el 5 de octubre de 1961 durante la Novena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, se estableció la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, cuyo objetivo fue facilitar la circulación a nivel internacional de los documentos públicos mencionados en los párrafos que anteceden, entre los Estados contratantes;

Que dicha Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 19 de diciembre de 1993, según el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1994, siendo depositado el instrumento de adhesión por parte de nuestro país ante el Reino de los Países Bajos, el 1 de diciembre de 1994;

Que para su debida observancia, el Ejecutivo Federal expidió el Decreto de promulgación de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, de los países miembros de la Convención el 11 de agosto de 1995, la cual traducida al español fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 del mismo mes y año;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Convención, transcurrido el plazo de sesenta días posteriores al depósito del instrumento de adhesión, la Convención en comento entra en vigor en el Estado signatario;

Que en tal virtud, México como Estado contratante de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, ha venido adoptando los principios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en los diversos documentos nacionales a fin de que surtan efectos jurídicos en los países signatarios;

Que tratándose de documentos nacionales que vayan a ser presentados en países que no sean miembros de la Convención de referencia, éstos deberán seguir el trámite de legalización de firmas correspondiente;

Que la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, recientemente expidió un documento denominado "Manual sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio sobre Apostilla", diseñado para asistir a las autoridades competentes en esta materia para un mejor desempeño de sus funciones;

Que de conformidad con lo señalado en el párrafo que antecede, es propósito de este Acuerdo facilitar la circulación mundial de documentos públicos expedidos en el territorio de los países signatarios, renovando de esta manera la Convención sobre Apostilla dentro de una nueva era de modernidad sin precedentes, en la cual el comercio internacional, las inversiones, así como el constante tránsito de personas alrededor del mundo, encuentran apoyo en el reconocimiento mutuo de los Estados a estos documentos;

Que resulta conveniente, la emisión de diversas reglas indispensables para la unificación por parte de las autoridades competentes de la aplicación de la Convención, a través de la definición de términos de carácter general y de disposiciones que precisen diversos aspectos que permitirán expedir la apostilla dentro de un marco legal que otorgue mayor certeza jurídica a las personas que requieran de este servicio, y

Que en nuestro país aquéllos trámites que no son susceptibles de apostillarse por estar dirigidos a países que no forman parte de la Convención, son legalizados, requiriendo para tales efectos, cumplir con reglas generales iguales a las establecidas para los documentos que deben apostillarse, por tal motivo, el presente Acuerdo será aplicable asimismo tratándose de la legalización de firmas; en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
DE APOSTILLA DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

ARTÍCULO PRIMERO.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Gobierno, operar el procedimiento de legalización de firmas de los servidores públicos, así como el de apostilla de documentos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desempeño de la atribución a que se refiere el artículo anterior, la citada dependencia, llevará a cabo los procedimientos de legalización de firmas y apostilla de documentos conforme a los lineamientos generales que en este Acuerdo se establezcan.

ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos de este Acuerdo se entiende por:

I.- Autoridad competente.- La dependencia de la Administración Pública Federal que se encuentra facultada conforme a la Ley, para realizar la legalización de firmas o para efectuar la emisión de apostillas de documentos de acuerdo a la Convención;

II.- Convención.- La Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1995;

III.- Documento público.- El emitido por una autoridad o persona actuando en calidad oficial de acuerdo a las atribuciones que le hayan sido conferidas por las leyes mexicanas y que pertenezca al Estado de origen;

IV.- Documento público subyacente.- Aquél en el cual se deberá adherir la legalización o apostilla, según corresponda;

V.- Estado de destino.- Aquél en el que surtirá efectos el Documento público debidamente legalizado o apostillado, y

VI.- Estado de origen.- Aquél en el que se emitió el Documento público que se pretende legalizar o apostillar.

ARTÍCULO CUARTO.- Los Documentos públicos que hubieran sido legalizados en territorio nacional, antes de la entrada en vigor de la Convención, podrán ser apostillados por la autoridad competente, en los casos que así se requiera.

Cuando el Documento público no hubiera requerido de legalización antes de la entrada en vigor de la Convención, tampoco necesitará ser apostillado.

ARTÍCULO QUINTO.- Los Documentos públicos emitidos por autoridades federales, estatales o municipales, que se pretendan legalizar o apostillar, deberán presentarse según su naturaleza ante la Autoridad competente correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO.- Para los efectos del presente Acuerdo, la emisión de una legalización o apostilla realizada por una Autoridad competente, sólo acredita el origen del Documento público subyacente y certifica:

I.- Que la firma de la persona que aparece en el documento es auténtica;

II.- Que la persona que firmó el documento se encontraba facultada para ello de acuerdo a las atribuciones que mediante Ley le habían sido otorgadas al momento de firmar dicho documento, y

III.- Que el sello o timbre que en su caso conste en el documento, es auténtico.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En todos los casos en los que una legalización o apostilla sea identificable y permanezca adherida al Documento público subyacente, éste será válido y podrá surtir efectos cuando así se requiera.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, las Autoridades competentes del Estado de destino podrán establecer vigencia para la aceptación de un Documento público conforme a las disposiciones legales aplicables en el mismo.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las Autoridades competentes no estarán obligadas a expedir una legalización o apostilla cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se trate de un Documento público de cualquier naturaleza expedido en el extranjero, aún en el caso de que se presente como parte de un Documento público emitido en territorio nacional;

II.- Tratándose de documentos privados, de cualquier naturaleza, emitidos por una persona física o moral en el extranjero, aún en el caso de que se presente como parte de un Documento público emitido en territorio nacional;

III.- Cuando se pretenda legalizar o apostillar una copia simple de un Documento público, y

IV.- En aquéllos casos en los que se presente un Documento público y el mismo muestre signos evidentes para la autoridad competente de que es apócrifo.

ARTÍCULO NOVENO.- Las copias de los Documentos públicos que se presenten para su legalización o apostilla deberán estar certificadas en todos los casos por la autoridad que los hubiera emitido conforme a la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las Autoridades competentes podrán realizar acciones administrativas o penales, distintas al procedimiento de legalización de firmas o apostilla de Documentos públicos, cuando existan indicios de que se trata de documentos apócrifos o fraudulentos, o en el caso de que se presuma que los mismos podrán ser utilizados de manera ilícita.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las Autoridades competentes para llevar a cabo la legalización de firmas o apostilla de documentos en los términos de este Acuerdo, deberán mantener debidamente actualizado un registro que contenga los detalles de cada legalización o apostilla que hubieran expedido. El registro podrá conservarse en los archivos documentales de la propia autoridad competente o bien a través de medios electrónicos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En ningún caso se requerirá de la legalización de firma o de la apostilla de Documentos públicos, cuando así se establezca expresamente respecto de determinado tipo de documentos en convenios o tratados internacionales celebrados por México.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Será responsabilidad de las Autoridades competentes mantener una capacitación permanente del personal que se encargue de los procedimientos de legalización de firmas y apostilla de documentos, a fin de que los mismos se desarrollen conforme a lo establecido en este Acuerdo y en las recomendaciones que al efecto dicte la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- No es requisito indispensable para la Autoridad competente el conocer y entender el contenido de un Documento público para proceder a su legalización o apostilla, siempre y cuando, conste en el mismo, que este fue realizado en la República Mexicana, y cumpla con las formalidades establecidas en el ARTÍCULO SEXTO.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En el caso de Documentos públicos que no sean susceptibles de apostillarse por dirigirse a países que no forman parte de la Convención, podrán ser legalizadas las firmas de los funcionarios que hubieran intervenido en su emisión, siempre que cumplan con lo establecido en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La expedición de apostillas deberá realizarse de acuerdo a las especificaciones y modelo señalado en la Convención.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Queda sin efectos el Acuerdo por el que se establece la forma en que habrá de efectuarse el procedimiento de legalización de firmas de funcionarios públicos federales o estatales en documentos que deban surtir efectos en el extranjero publicado el 9 de junio de 1980, en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a 8 de octubre de 2013.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.